Prácticamente a diario contemplamos a través de los medios de comunicación imágenes de conflictos y guerras, donde se nos muestra de forma cruel y absolutamente descarnada la muerte en directo, habitualmente en países en “vías de desarrollo”. Ante estos acontecimientos mostramos unánimemente un rechazo visceral, tanto colectivo como individual, que en ocasiones llega incluso a la náusea física. No podemos reprimir nuestra tristeza cuando leemos en la prensa la matanza de cientos de civiles a manos de terroristas en cualquier rincón del planeta. Sin embargo, a pesar de todo ello, somos capaces de quedarnos impasibles cuando en nuestro primer mundo, garante de libertades y derechos, asistimos a un ejercicio de reduccionismo fundamental, a la negación del derecho más preciado del hombre, sin el que no ningún otro tiene cabida: el derecho a la vida.
En muchas ocasiones utilizamos tecnicismos asépticos, que nos permitan no manchar nuestra conciencia social ni individual con términos escabrosos, tal como es el caso de la llamada interrupción voluntaria del embarazo. En estos días la sociedad española se ha visto abocada a abrir un debate intenso como es el del aborto. Es indudable que una sociedad muestra su grado de avance y desarrollo a medida que consolida los derechos colectivos e individuales de sus ciudadanos, así como ampara y protege a los más débiles. Eso es en definitivo la Sociedad del Bienestar (otro bonito eufemismo para designar simplemente el orden natural de las cosas). Sin embargo, el aborto plantea un desafío ético y moral de tremenda trascendencia.
¿Tiene derecho la madre a hacer prevalecer su deseo frente al del no nacido? En nuestro país, el código penal tipifica el aborto como delito, a excepción de tres supuestos: violación denunciada, «graves taras físicas o psíquicas del feto» -previo dictamen de dos médicos especialistas- y «grave peligro para la vida o para la salud física o psíquica de la madre» – con el informe de un médico especialista-. En las últimas semanas este debate ha salido a la palestra, tras contemplar con verdadero horror como unos HERODES revestidos de batas blancas, no tenían escrúpulos en trocear y arrojar a la basura restos de niños no natos.
Sin embargo, la aberración de estas noticias no debe confundirnos de la realidad social actual, en la que si bien el aborto en los supuestos especificados está despenalizado, no por ello tiene que ser moralmente aceptable. Tan sólo hay que echar un vistazo a las estadísticas publicadas por el propio Ministerio de Sanidad y Consumo (MSyC) con respecto a los datos definitivos del año 2005 (curiosamente los datos correspondientes al año 2006 aún no han sido publicados). Una valoración adecuada de estos datos muestra la realidad descarnada de lo que ocurre en nuestra Sociedad del Bienestar. Durante los últimos años se ha producido un aumento en el número de abortos practicados en España. De esta manera, si bien en 1996 la cifra total ascendía a 51.002 casos, ésta ha llegado casi a duplicarse en 2005 (91.664 casos). Cuando se analizan detenidamente estos datos, los casos de aborto por malformación fetal o violación denunciada, situaciones extremas muy a menudo esgrimidas para su justificación, representan tan sólo el 3.4% del total de los abortos realizados en España. Entonces, ¿qué está sucediendo? Realmente cualquiera que intente profundizar en esta cuestión, podría sacar la conclusión precipitada de que el embarazo es una situación enfermiza que supone un altísimo riesgo para las mujeres de hoy en día, tanto desde un punto vista físico como psíquico. Llama también la atención que Andalucía es una de las comunidades autónomas con mayores tasas de aborto anual.
Sin embargo ¿Cuál puede ser la verdadera razón que explique este aumento de casos en los últimos años? Una interpretación bastante aproximada es que nuestra sociedad ha empezado a banalizar el tema y a considerar el aborto como un simple método de control de natalidad, es decir, como una técnica anticonceptiva más al alcance de la mano. De hecho del total de 17.683 casos de abortos realizados en Andalucía, el 30% de las mujeres habían sido sometidas a estos procedimientos en más de una ocasión. A esto se une, el aumento de mujeres que solicitan la administración de la llamada píldora del día después, que curiosamente y a pesar de ser considerada por algunos sectores como un método anticonceptivo, su utilización se incluye dentro de las técnicas descritas como abortivas en el propio informe del MSyC. Para evitar esta banalización sería fundamental fomentar medidas educativas que permitan a nuestros jóvenes conocer la sexualidad como parte normal y fundamental del desarrollo integral de la persona, sin reduccionismos a la genitalidad ni miedos a un amor pleno y comprometido.
Determinados sectores de la sociedad pretenden reabrir, al revuelo de los recientes escándalos evidenciados en algunas clínicas abortistas de nuestro país, el debate con fines nada espúreos: la modificación la ley actual. Esta modificación se trataría de la instauración de lo que se conoce como una “ley de plazos”. Es decir hasta un determinado momento (en algunos países hasta la semanaj 12 de gestación y en otros hasta la 24) el aborto sería legal sin tener que responder a ningún supuesto regulador. Con todo ello se reabre otra polémica. ¿Quién tiene más derecho a la supervivencia, un embrión de dos semanas o un feto de catorce?. ¿Cómo podemos nosotros discernir sobre el momento arbitrario en el que consideramos que el no nato es ya un ser vivo o sólo un amasijo de materia celular?.
Estas cuestiones deben hacernos reflexionar profundamente hacia dónde queremos llegar. Ante estas situaciones no valen posturas de tibieza o neutralidad moral. Evidentemente en esta cuestión subyace un conflicto de derechos. La arbitrariedad de la ley humana, va a hacer prevalecer siempre el derecho de la madre frente al del no nacido, al del que no puede hablar, al del que no puede mostrar su opinión. No hace falta realizar paralelismos radicales para encontrar algunas semejanzas con la teoría de la eugenesia empleada en la Alemania de los años 30. Ni tampoco estaría tan alejada de aquellas opiniones que abogan por la prescindibilidad de todos aquellos sujetos no útiles para la sociedad, como nuestros ancianos. Pero, en definitiva, no se trata de encontrar culpables o inocentes, sino de habilitar las medidas sociales necesarias para la ayuda tanto de las futuras madres como posteriormente de sus hijos, permitiendo a la vez el respeto de los derechos de unas y de otros. Si tan de actualidad está reivindicar a cada momento el logro social de una la Ley de Dependencia, que más dependiente que un niño no nacido de su propia madre. Planteamientos tan solo teóricos serían verdaderos actos de hipocresía para la defensa de la vida. El ser humano debe responder ante estas cuestiones, no solo por convicciones morales o religiosas sino por el convencimiento pleno de la existencia de orden natural, no basado en la supervivencia del más fuerte, sino en la ayuda al más débil. Tan sólo hay que pensar que todos los que hoy levantan su voz a favor de un aborto libre, pueden hacerlo porque sus madres no pensaban igual que ellos.
A partir de ahora podremos seguir sin plantearnos ¿cuánto vale una vida?
Rafael de la Rosa Morales
Especialista en Medicina Interna
Doctor por la Universidad de Sevilla
